El Banco de España insiste en que faltan medidas para asegurar la sostenibilidad de las pensiones | Economía

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (c), comparece en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso para presentar el informe anual de la entidad.VICTOR LERENA (EFE)

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se ha reafirmado en sus cálculos sobre el sistema de pensiones después de que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tildase estos de “poco sofisticados”. Ha defendido otra vez que las medidas planteadas no son suficientes para asegurar la sostenibilidad una vez se han vuelto a ligar las pensiones a la inflación y se ha eliminado el factor de sostenibilidad: “Si suman y restan existe una brecha que hay que cubrir”, ha asegurado en una comparecencia este miércoles en el Congreso. No obstante, ha recordado que habrá que esperar a la segunda parte de la reforma de las pensiones para comprobar si hacen falta más medidas.

El gobernador ha insistido, además, en que los pensionistas y funcionarios deben participar en el pacto de rentas para moderar los aumentos salariales y evitar que haya una espiral inflacionaria por una pérdida de renta que produce la energía comprada de fuera. En parte, esto debe hacerse por la necesidad de reconducir las cuentas públicas. Hace falta un plan gradual y a medio plazo para bajar el déficit estructural. Si no se hace nada, la deuda pública subirá más allá de los elevados niveles actuales por el envejecimiento de la población, ha advertido el gobernador del Banco de España.

Tras las críticas del ministro de Seguridad Social, Hernández de Cos ha explicado que en los próximos años habrá un importante aumento de la población jubilada en relación con la trabajadora. Y que eso generará una elevada presión sobre el sistema de pensiones. La reforma de 2013 cubría parte de ese aumento del gasto, ha señalado. Pero ha admitido que eso se hacía a costa de bajar significativamente la pensión media respecto a la contribución media: “Es decir, se reducía la generosidad. Eso no era viable políticamente” Y de ahí que se hayan vuelto a ligar las prestaciones con el IPC.

No obstante, el gobernador ha afirmado que revalorizar de nuevo las pensiones con la inflación y la derogación del factor de sostenibilidad implicarán una fuerte subida de los niveles de gasto: de aquí a 2050 supondrá un aumento de los desembolsos anuales de entre 3,2 y 3,5 puntos de PIB. En otras palabras: un incremento superior a los 40.000 millones de euros de la actualidad, el equivalente a más de un 40% de lo que se recauda por IRPF.

El factor de sostenibilidad, que fue suprimido en diciembre, rebajaba de forma automática la prestación inicial en función del aumento de la esperanza de vida. Y, aunque lo aprobó el Gobierno del PP, nunca se llegó a aplicar. Según los cálculos utilizados por Hernández de Cos, elaborados por la Autoridad Fiscal y por la Comisión Europea, esta fórmula podría haber aportado cerca de un punto de PIB de ahorro. Además, ligar las prestaciones al IPC entrañará un aumento de los desembolsos de cerca de 3 puntos de PIB. Sumando estos dos factores se llega a los 3,5 puntos de PIB de los que habla el gobernador.

Mecanismo de Equidad Internacional

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Por el contrario, según ha apuntado Hernández de Cos, el Ejecutivo ha aprobado el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional y los incentivos a la jubilación demorada, que podrían compensar, de acuerdo con las estimaciones oficiales, entre 1,9 y 2,4 puntos de PIB.

Sin embargo, el gobernador ha apuntado que buena parte de este ahorro ofrecido por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional depende de un acuerdo parlamentario a partir de 2032, no es un ajuste automático. Este mecanismo brinda unos 0,2 puntos de PIB al año en cotizaciones hasta 2032. Y a partir de ese año se tendrá que valorar si se precisan más medidas hasta 0,8 puntos de PIB anuales. Esta falta de automatismo es lo que critica Cos.

Además, ha explicado que “existe una notable incertidumbre en torno a los efectos de los nuevos incentivos a la jubilación demorada”. Es decir, podrían no dar los rendimientos vaticinados. Máxime cuando se tiene en cuenta que el cálculo del Ejecutivo en su banda baja de previsión contempla que el 40% de las altas de jubilación se demoraría en tres años de media. En la alta, el 50% de los autónomos y el 60% del régimen general retrasarían tres años de media su edad de jubilación.

En todo caso, faltaría más de un punto de PIB para compensar que se haya deshecho la reforma de 2013. “Si suman y restan hay una brecha por cubrir. Y queda lo que no cubría la reforma de 2013. Son necesarias, por tanto, más medidas para equilibrar el sistema a largo plazo”, ha insistido. Y ha recordado que están pendientes de aprobación o concreción el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, la revisión de las bases máximas de cotización, un nuevo sistema de cotización para los autónomos y una revisión del periodo considerado para calcular la pensión. “Habrá que esperar para ver si estas medidas son suficientes una vez aprobadas”, ha concluido.

Sobre la ampliación del periodo de cálculo, el Ministerio de Seguridad Social dice que se dejarán escoger los mejores años e integrar lagunas que haya en la carrera laboral, de forma que las personas que hayan tenido interrupciones no pierdan por ello pensión. De ser así, entonces el ajuste sería bastante menor. El problema que tendrá el ministro Escrivá es que tiene a la Comisión Europea pidiendo más en este sentido, pero no hay una mayoría parlamentaria ni un respaldo de los agentes sociales para hacer que esas iniciativas generen unos ahorros sustanciales.

Crecimiento y pacto de rentas

Por otra parte, el gobernador ha recordado que la recuperación económica de la pandemia está siendo incompleta y desigual por sectores. El retraso respecto al resto de Europa se debe sobre todo a la especialización productiva. Y las medidas que se tomaron, los ERTE y los avales del ICO, han resultado muy efectivas. No tanto así las ayudas directas, que no han conseguido paliar significativamente las pérdidas de capital de las pymes debido a la condiciones que se pusieron para acceder a ellas, ha señalado.

Hernández de Cos ha destacado el impacto que está teniendo la guerra de Ucrania en los precios de la energía. Y que los datos desfavorables de PIB del primer trimestre harán que se revise algo a la baja la previsión de crecimiento, aunque todavía seguirá habiendo una evolución positiva de la actividad que llevará a recuperar los niveles prepandemia a finales de 2023. El banco también abordará una revisión a la baja de la inflación, en parte por el nuevo mecanismo para topar los precios del gas en el mercado eléctrico. Las subidas de precios están teniendo además un impacto desigual por sectores y países, según la especialización sectorial y la dependencia energética del exterior. Y hay mucha heterogeneidad en la forma que impacta sobre sectores y familias: “Los hogares con rentas bajas sufren hasta un punto más de inflación que las rentas altas por la composición de su cesta de la compra”, ha subrayado.

Aunque la inflación seguirá alta unos meses, la previsión del banco es que baje más adelante siempre que no haya otro shock energético o subidas de sueldos que retroalimenten la inflación. Por eso, Hernández de Cos ha pedido un pacto de rentas que lo evite.

En cuanto a las políticas económicas en este contexto de incertidumbre, el gobernador recomienda que no haya un impulso fiscal generalizado sino medidas muy focalizadas en los colectivos más vulnerables a las subidas de precios. En este sentido, ha abundado en la idea de que la revalorización de las pensiones y los sueldos de los funcionarios deberían incorporarse al pacto de rentas. Este pacto debería hacerse “para evitar una espiral inflacionista que agravaría los efectos nocivos del encarecimiento de los precios energéticos”, ha defendido Cos. Y ha apostillado que se trata de “una inevitable merma de la renta nacional” por el aumento de los precios de las materias primas energéticas, que debe repartirse a varios años entre trabajadores y empresas.

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